El «tsunami» de normativas ASG podría obstaculizar el progreso climático

Artículo publicado en Capital Monitor

El director de inversiones (CIO, por sus siglas en inglés) de la aseguradora española MAPFRE afirma que los esfuerzos de los reguladores de la UE a la hora de supervisar los activos sostenibles son demasiado preceptivos y carecen de un marco interpretativo esencial. Añade, además, que esa es en parte la razón por la que las calificaciones externas de ASG no añaden un valor importante.

El CIO de la aseguradora MAPFRE considera que los reguladores de la UE deberían orientar en lugar de provocar el actual «tsunami de nueva normativa».

La empresa española elude las calificaciones ASG externas y ha creado su propia base de datos y metodología para evaluar el impacto en la sostenibilidad.

Lleva ya casi tres años calculando y notificando el impacto de su cartera en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Cuando los ejecutivos de las empresas dicen que los reguladores van demasiado rápido o son demasiado preceptivos, ello se tiende a considerar como una resistencia a la legislación o como una excusa para seguir sin emprender ninguna acción. Este no parece ser el caso del director de inversiones de la aseguradora general española MAPFRE, que la semana pasada expresó su preocupación por el «tsunami de nuevas normativas relacionadas con la inversión sostenible» en Europa.

El paquete de propuestas en el marco del Pacto Verde de la UE, de la taxonomía verde a la divulgación de información no financiera, «son un intento de hacer las cosas bien», dijo José Luis Jiménez en el evento Future of Climate Finance organizado por Capital Monitor el pasado 23 de noviembre.

Está totalmente de acuerdo en que las aseguradoras deben tomarse en serio el riesgo climático. MAPFRE tiene un negocio de reaseguros, motivo por el cual observa el cambio climático reflejado «a diario en nuestra cuenta de resultados», añadió Jiménez. De hecho, la entidad —que gestiona 44.900 millones de euros (50.600 millones de dólares), de los que el 70 % son activos de renta fija— ha observado durante la última década un aumento del riesgo medioambiental en forma de pagos a los tomadores como consecuencia de catástrofes naturales, afirmó.

Pero, sin llevar a cabo un análisis de la importancia para las empresas o la economía en general, advirtió, las medidas reguladoras en materia medioambiental en Europa «carecen de un contexto interpretativo esencial».

En resumen, los reguladores no deberían ser demasiado rígidos respecto al tipo de activos que deben poseer los inversores, lo que en la práctica les obliga a desprenderse de las empresas con muchas emisiones, algo que también sostienen otras aseguradoras.

Según las últimas propuestas de la normativa europea Solvencia II, presentadas en septiembre, las aseguradoras y reaseguradoras deberían identificar cualquier exposición material a los riesgos climáticos y evaluar la repercusión de las situaciones causadas por el cambio climático a largo plazo en sus activos. La intención ha quedado clara. La Comisión Europea quiere que los activos contaminantes supongan una mayor carga de capital para las aseguradoras.

¿Una normativa que obstaculiza el cambio positivo?

Este enfoque puede suponer un obstáculo para el cambio real, ya que se retiraría el capital de los lugares donde se necesita para reducir las emisiones o se financiarían empresas que podrían no ser tan sostenibles como parecen, sugirió Jiménez.

Citó como ejemplo la participación de MAPFRE en la energética española Repsol. «Repsol está haciendo grandes esfuerzos para hacer una transición hacia las energías renovables. Estoy encantado de proporcionarles capital, siempre y cuando estén comprometidos y tengan un plan. Colaboramos con ellos. Hacemos un seguimiento de sus medidas para llevar a cabo esa transición».

Sin embargo, en el lado opuesto, algunos gigantes tecnológicos como Apple o Microsoft suelen obtener una puntuación muy alta en las calificaciones ASG, señaló Jiménez. «Es cierto que estas empresas contaminan menos que las relacionadas con la minería o la producción de aluminio», añadió. Sin embargo, las minas y los productores de aluminio «proporcionan las materias primas básicas para que Apple o Microsoft puedan desarrollar sus actividades».

Otro problema en relación con las agencias de calificación ASG es la enorme variación entre la forma en que puntúan a las distintas entidades, dijo Jiménez. La diferencia entre las agencias de calificación a la hora de evaluar el riesgo corporativo o el riesgo soberano tiende a ser mínima, señaló, «la variación puede ser de un escalón más arriba o más abajo, pero si se observa a las diferentes agencias cuando analizan las cuestiones medioambientales, la brecha es impresionante».

Otros grandes inversores están de acuerdo en que las calificaciones ASG no son fiables y algunos utilizan también sus propios análisis de sostenibilidad. El gigante japonés Nippon Life Insurance es un buen ejemplo, tal y como ha identificado Capital Monitor.

Es cierto que, para los inversores que desean calcular y gestionar el riesgo ASG de su cartera, el enfoque más sencillo y, por lo tanto, más común, consiste en utilizar sistemas de calificación o puntuación externos o bases de datos, dijo Jiménez. «Pero creo que la mayoría de los actores se está perdiendo una gran parte de la visión general».

Base de datos ASG propia de MAPFRE

MAPFRE se ha centrado en construir una base de datos ASG propia. Con su compra en 2017 de una participación del 25 % de la boutique francesa de inversión sostenible La Financière Responsable, la aseguradora adquirió un equipo con una experiencia de 30 años en este ámbito.

La aseguradora sigue actualmente 145 indicadores ASG diferentes que integra en su proceso de inversión, afirmó Jiménez. «Muchos tienen que ver con cuestiones medioambientales, pero también incorporan factores sociales y de gobierno corporativo».

El primer paso consistió en poner en marcha una base de datos de este tipo, añadió; el segundo, en utilizarla para evaluar a las empresas de forma amplia y global.

«Tal vez podría preguntarme: “¿Invertiría en una mina de cobre?” Puede que sí o puede que no», dijo Jiménez. «Nuestra puntuación ASG no está tan acotada. A veces invertimos en empresas que obtienen una puntuación baja de las agencias de calificación. Cuando invertimos en distintos tipos de activos, nos gusta tener nuestra propia opinión. No importa lo que digan los demás».

La base de datos ASG ha ayudado a MAPFRE con otra parte de su estrategia de sostenibilidad, que tiene que ver con el cálculo del progreso del impacto respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En 2017 creó un grupo de trabajo dedicado a establecer las prioridades y objetivos de los ODS, lo que llevó a la empresa a priorizar siete de los ODS.

Desde el año pasado, la Universidad de Siena, en Italia, ayuda a MAPFRE a calcular el grado de materialidad de los ODS en sus activos. La aseguradora evalúa cómo afectan las actividades de su cartera al impacto de la entidad en relación con los ODS y si logrará alcanzar los objetivos para 2030, dijo Jiménez. «Porque si no estamos en esa posición, debemos tomar medidas».

MAPFRE efectúa este cálculo en toda su cartera y en los últimos dos años ha observado una mejora, declaró. «Estamos avanzando por el camino correcto para alcanzar nuestros objetivos de 2030», añadió Jiménez, sin dar más detalles.

La aseguradora publica sus propios objetivos en relación con sus ODS prioritarios y las cifras sobre el progreso de su impacto con respecto a dichos objetivos (véase el gráfico siguiente).

A pesar de las limitaciones abiertamente aceptadas de los ODS, otros grandes inversores también están calculando y notificando sus propios progresos con respecto a los objetivos. Entre ellos se encuentran el fondo soberano de Noruega, las gestoras de fondos de pensiones holandesas APG y PGGM y los fondos de pensiones australianos como Cbus y Aware Super.

Para impulsar un cambio positivo —por ejemplo, reduciendo las emisiones— en las empresas en las que invierten, Jiménez considera que el compromiso es fundamental. Muchas empresas se están marcando objetivos ambiciosos de cero emisiones sin tener una idea clara de cómo los van a alcanzar. Pero no tiene sentido que las empresas se limiten a defender de boquilla los objetivos sostenibles sin tomar medidas concretas, dijo.

Jiménez opina que esta acción debe estar impulsada por la dirección: «Si no existe un compromiso desde arriba [con la sostenibilidad], si es algo que no está en la columna vertebral de la empresa, en su filosofía y demás, apaga y vámonos».

Esfuerzos para reducir la contaminación

MAPFRE se esfuerza por reducir la huella de carbono de sus propias operaciones, sostiene. «Comprobamos si nos comportamos de la misma manera que queremos que se comporten nuestras empresas».

Por ejemplo, hace unos años la aseguradora consumía 350 000 botellas de agua de plástico al año; actualmente esa cifra se ha reducido a cero. Además, intenta invertir en edificios inteligentes y eficientes desde el punto de vista energético, añadió. Por otra parte, la sede del grupo en Madrid cuenta con instalaciones fotovoltaicas para abastecerse de energía. «Tenemos previsto producir suficiente energía en Madrid para cubrir nuestro propio consumo», afirmó Jiménez.

MAPFRE también ha aumentado su inversión directa para el desarrollo de energías renovables, un área que recientemente ha empezado a ganar terreno entre los propietarios de activos. Otros fondos destacados en este ámbito son el fondo de pensiones canadiense CDPQ y el danés PensionDanmark.

MAPFRE formó una alianza estratégica en abril con la energética española Iberdrola para invertir en infraestructuras de energías renovables. Poco después, en julio, pusieron en marcha conjuntamente un fondo de energías renovables que está abierto a los coinversores. La alianza —en la que MAPFRE tiene una participación del 80 % e Iberdrola del 20 %— comenzó como un vehículo de coinversión de 325 MW. Su objetivo es seguir incorporando proyectos sostenibles hasta llegar a los 1000 MW.

Así pues, la aseguradora está haciendo grandes esfuerzos para atajar las emisiones de alcance 1 y 2, es decir, aquellas creadas por la propia empresa y las procedentes de sus fuentes de energía y calefacción. Pero ¿qué ocurre con las emisiones de alcance 3, que son las generadas por las actividades de su cadena de suministro?

«Estamos empezando [a trabajar en este aspecto], pero debemos esforzarnos al máximo para lograr [reducir] las emisiones de alcance 3. De lo contrario, estaremos haciendo trampas», afirmó Jiménez. Es muy difícil conseguirlo, admitió, ya que algunas empresas proporcionan más información y de mayor calidad que otras sobre su huella de carbono.

«Desequilibrio» entre el enfoque medioambiental y el social

Sin embargo, a pesar de que las cuestiones medioambientales son una prioridad clave para MAPFRE, a Jiménez le preocupa que puedan eclipsar los problemas sociales que deben abordarse.

«A veces intentamos ir tan deprisa que tal vez existe un desequilibrio entre [la atención a] los asuntos medioambientales y los sociales», dijo. «Y el problema actual es que, debido a la pandemia [de COVID], los problemas sociales se han acrecentado en gran medida. Por eso debemos buscar un equilibrio».

En última instancia, lo que necesitamos por parte de los reguladores y los responsables políticos son orientaciones sobre inversiones sostenibles, y no tanto normas preceptivas, concluyó Jiménez. Otros grandes inversores también han subrayado la importancia de la seguridad y la estabilidad de las políticas con respecto a los activos sostenibles.

«Para mí, [el enfoque correcto con respecto a] la normativa es más bien el enfoque anglosajón: proporcionar ciertas orientaciones y que todo el mundo sepa qué es lo que hay que hacer. Si se entra demasiado en detalle, uno se pierde en los pormenores».