La incertidumbre de la política económica de Trump: ¿qué le espera a EE.UU. en 2025?
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Redacción Mapfre
Bien sea a través de la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la retirada de los acuerdos climáticos de París o de la redefinición de la participación estadounidense en la OTAN, el cambio de melodía comienza a hacerse evidente bajo la batuta de Trump y su particular visión del mundo.
Pese a toda la incertidumbre que aporta el presidente Donald Trump, MAPFRE Economics, el Servicio de Estudios de MAPFRE, estima un crecimiento del PIB estadounidense del 2,5% en 2025 y del 2% para el que viene. La inflación, por su parte, cerraría este año en el 2,9% y el que viene en el 2,6%. La subida de los precios es uno de los principales riesgos para la economía estadounidense en el corto plazo, debido a la posibilidad de que aumenten los tipos de interés y el coste de la financiación gubernamental.
MAPFRE Economics destaca también el déficit fiscal, que cerró 2024 en 6,9% del PIB y se espera que se quede en 6,5% este año. Esta trayectoria, que “parece insostenible”, podría estar detrás de los recientes repuntes de las rentabilidades de la deuda, aunque la Reserva Federal esté bajando los tipos de intervención.
“En Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años ha superado recientemente el 4,5%, un nivel no visto en más de una década. Esto significa que el gobierno tendrá que refinanciar parte de su deuda existente a tipos de interés más altos, aumentando significativamente los costos anuales del servicio de la deuda. Este escenario pone mayor presión sobre el déficit fiscal, que ya ronda el 7% del PIB”, destaca el Servicio de Estudios en el informe ‘Panorama Económico y Sectorial 2025’.
Aunque este nivel de déficit es alarmante, la nueva administración ha dejado en claro que no tiene pensado aumentar impuestos directos a los contribuyentes. En su lugar, ha propuesto generar ingresos adicionales a través de la imposición de tarifas arancelarias a las importaciones. El instrumento dominante parece seguir siendo el establecimiento de aranceles como mecanismo de coerción y base transaccional de acuerdos, una propuesta poco sorpresiva dados los antecedentes de su anterior mandato en 2016, pero que pone en relieve que el arte de negociar será el eje central de las relaciones con los países que más contribuyen al déficit comercial de Estados Unidos, o que menor sintonía política expongan.
Entre los países más expuestos a esta retórica están China (con el arancel del 10% ya establecido), México y Canadá (con el arancel del 25% propuesto y pausado hasta marzo) o la Unión Europea (todavía sin definir). Entre los riesgos clave más evidentes que se derivan de esta aproximación al tema comercial están, claramente, un crecimiento económico más lento y una inflación menos controlable, al menos en el agregado.
Por lo que respecta a la política migratoria, todo apunta al objetivo de defender la mano de obra local, sostener políticas de deportación y compensar los efectos negativos sobre la productividad a partir de impulsores como la inteligencia artificial (IA), al retorno de la producción local, la inversión en industrias clave y la desregulación. En prospectiva, la teoría económica sugiere que los efectos podrían traducirse en un mayor crecimiento potencial para la economía en el corto plazo, pero también implicaría precios mayores, conjugación que derivaría en un tipo de interés neutral más alto. Pero con el foco puesto en el corto plazo, y sin una visión clara del lapso o calado de estas medidas, los efectos más inmediatos resultarían en un estímulo a la producción por el lado de la oferta, en un aumento del consumo y en una presión adicional en precios, lo que justifica la postura actual de cautela de la Reserva Federal.
En materia de política fiscal, existe un consenso general en el sentido de que los recortes impositivos promulgados durante su primera etapa se extenderán en el tiempo, y que el impacto de estos sería compensado en parte por los aranceles sobre los balances externos. No obstante, es posible que parte de esos beneficios vayan a parar nuevamente al gasto en productos importados, resultando ambiguos sus efectos, con lo que se trata de un instrumento que puede ser tan cambiante como la propia política comercial. En este sentido, se puede extraer nuevamente que el saldo de esta política sería una probable combinación de mayor actividad económica de corto plazo y mayores precios, con la contrapartida de un déficit fiscal sometido a tipos de interés más altos.
Sobre la política energética, la declaración de una emergencia energética para desbloquear los planes expansivos de la industria, incrementar la oferta e impulsar las exportaciones de su excedente sería beneficioso en términos de precios. Sin embargo, parte de estos beneficios podrían anularse al desmantelar las políticas industriales de la era Biden y redirigir la inversión a un sector que, según las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA), podría derivar en sobreoferta.
Por último, destacan los planes expansivos de los Estados Unidos en materia de defensa, al incluir las exigencias de que los aliados de la OTAN deban elevar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, lo que se traduciría en un aumento de la producción estadounidense, en una ayuda para corregir los déficits comerciales, en elevar la competencia con sus rivales y en corresponsabilizar al resto de miembros en las tareas de seguridad. Este instrumento, supondría un impulso netamente positivo para la economía de los Estados Unidos y difícilmente eludible por el resto de socios, más aún al considerar las tendencias geopolíticas globales.